"PIZARRO MARIA ESTHER C/ VIVANCO LUIS Y OTRO S/DESALOJO SIN CONTRATO DE LOCACION" / Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial - Sala III

Emisor: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial - Sala IIIFirmantes: Ghisini, Fernando Marcelo | Medori, Marcelo JuanLegajo: 473783-2013.Fecha de la Sentencia: 31/03/2016.Tipo de Resolución: Sentencia.Tema(s): ANIMUS DOMINI | DESALOJO | IMPROCEDENCIA DE LA VIA | INSTANCIA ADMINISTRATIVA | PROCESOS ESPECIALESRecursos en línea: Haga clic para acceso en línea Descripción: 9 p. pdf
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Cabe confirmar la decisión en crisis que desecha la petición de desalojo con fundamento en que, de acuerdo a los términos en que quedó trabada la litis, así como los testimonios y constancias del expediente administrativo, y sin que implique expedirse en torno al mejor derecho a la posesión que invocan ambas partes, resulta que la codemandada aportó elementos de justificación suficientes para demostrar “prima facie” que es poseedora animus domini del inmueble objeto del presente, lo que le permite concluir que la vía elegida no es la adecuada para debatir la controversia. En efecto, en cuanto a la insuficiencia de esta vía y la falta de prueba suficiente para decidir el reclamo de la actora basado en una acción de tipo personal dirigida a declarar la existencia de una obligación de restitución a cargo de los demandados, fundamentalmente por tratarse el hecho de la primera de uno derivado de un acto de adjudicación reconocido en sede administrativa y susceptible de ser revocado cuando, como en el caso, los presupuestos fácticos sobre el que se apoya la legitimación invocada son objeto de controversia en un expediente aún en trámite que debe ser decidido por la autoridad competente, máxime ante los fines sociales del programa habitacional que este último legalmente encarna (Ley Provincial N°1043). En tal sentido los dictámenes transcriptos en uno y otro sentido sobre la originaria adjudicación a la actora y la actividad administrativa desplegada a tal fin por los demandados que denuncian incumplimientos de aquella, evidencian imprecisión. Ciertamente la vigencia o caducidad del derecho a la adjudicación que detenta una persona, así como su regularización para ser titularizado en otra, según pauta legal y reglamentaria, involucran cuestiones de hecho que corresponde sean ventilados y decididos originariamente ante la misma autoridad administrativa, siendo improcedente la previa intromisión judicial, particularmente si se atiende a la naturaleza y objeto procesal del juicio de desalojo.
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Cabe confirmar la decisión en crisis que desecha la petición de desalojo con fundamento en que, de acuerdo a los términos en que quedó trabada la litis, así como los testimonios y constancias del expediente administrativo, y sin que implique expedirse en torno al mejor derecho a la posesión que invocan ambas partes, resulta que la codemandada aportó elementos de justificación suficientes para demostrar “prima facie” que es poseedora animus domini del inmueble objeto del presente, lo que le permite concluir que la vía elegida no es la adecuada para debatir la controversia. En efecto, en cuanto a la insuficiencia de esta vía y la falta de prueba suficiente para decidir el reclamo de la actora basado en una acción de tipo personal dirigida a declarar la existencia de una obligación de restitución a cargo de los demandados, fundamentalmente por tratarse el hecho de la primera de uno derivado de un acto de adjudicación reconocido en sede administrativa y susceptible de ser revocado cuando, como en el caso, los presupuestos fácticos sobre el que se apoya la legitimación invocada son objeto de controversia en un expediente aún en trámite que debe ser decidido por la autoridad competente, máxime ante los fines sociales del programa habitacional que este último legalmente encarna (Ley Provincial N°1043). En tal sentido los dictámenes transcriptos en uno y otro sentido sobre la originaria adjudicación a la actora y la actividad administrativa desplegada a tal fin por los demandados que denuncian incumplimientos de aquella, evidencian imprecisión. Ciertamente la vigencia o caducidad del derecho a la adjudicación que detenta una persona, así como su regularización para ser titularizado en otra, según pauta legal y reglamentaria, involucran cuestiones de hecho que corresponde sean ventilados y decididos originariamente ante la misma autoridad administrativa, siendo improcedente la previa intromisión judicial, particularmente si se atiende a la naturaleza y objeto procesal del juicio de desalojo.

31/03/2016

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