"ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.) C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA LA ANGOSTURA S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD" / Tribunal Superior de Justicia - Sala Procesal Administrativa

Emisor: Tribunal Superior de Justicia - Sala Procesal AdministrativaFirmantes: Massei, Oscar Ermelindo | Moya, Evaldo Darío | Elosu Larumbe, Alfredo Alejandro | Busamia, Roberto Germán [-Presidente-] | Gennari, María SoledadLegajo: EXP 6847/2017.Fecha de la Sentencia: 15/05/2019.Tipo de Resolución: 02/19 Acuerdo.Tema(s): ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD | ORDENANZAS MUNICIPALES | INTERPRETACION DE LA LEY | PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS | DIRECTOR | REQUISITOS DE LA FUNCIÓN | ANTIGUEDAD | PLAZO DE DURACIÓN | CARRERA ADMINISTRATIVA | PODER EJECUTIVO MUNICIPAL | FACULTADES REGLAMENTARIAS | ADICIONALES DE REMUNERACIÓN | CONSTITUCIONALIDADRecursos en línea: Haga clic para acceso en línea Descripción: 29 p. pdf
Contenidos:
1.- La exigencia de una antigüedad mínima para acceder al cargo de Director del Municipio, no aparece como irrazonable, desde que se trata de un requisito atinente a la función, tendiente a valorar la experiencia que el postulante pueda tener en el desempeño de funciones públicas, compatible con la jerarquía del cargo que se concursa –nótese que se trata de una de las más altas categorías estatutarias- y la cantidad de años de antigüedad –cuatro- que se exigen es adecuada con las responsabilidades que conlleva el desempeño de tan alta función, y no constituye por sí solo una reglamentación inconstitucional que vulnere la garantía de igualdad de oportunidades o implique una discriminación arbitraria.
2.- La estipulación de un plazo de duración para ejercicio de un cargo de conducción, no importa una vulneración del principio de estabilidad del empleado público, siempre que el cese en la función no importe la desvinculación de la Administración Pública comunal, sino que permita la conservación de la categoría de planta.
3.- La alternancia o no en los cargos de la planta del personal de la Administración Pública, es una opción entre las diversas posibilidades que importa la regulación del empleo público, cuya elección compete al legislador en tanto le fue atribuida esa facultad conforme lo establece el artículo 95 inc. 25 de la Carta Orgánica Municipal. Ahora bien, la alternancia en los cargos públicos –sean éstos electivos o no- resulta saludable en un sistema republicano de gobierno, dado que aumenta las posibilidades de que aquéllos que realicen la carrera administrativa puedan acceder a los cargos directivos, permitiendo una renovación de la cúpula de conducción, que beneficia a todo el personal y a la gestión misma, no advirtiéndose –al menos en abstracto- vulneración constitucional alguna.
4.- Si la normativa refiere que el Poder Ejecutivo Municipal deberá determinar el valor del plus, mediante un “decreto reglamentario”, indica claramente el ejercicio de la potestad reglamentaria, que es atinente a su función. Y si la autorización dada al Departamento Ejecutivo es sólo respecto de la fijación de su valor, responde a la dinámica propia del ejercicio del gobierno, mediante el cual es al legislador al que le cabe regular determinadas materias y, al Órgano Ejecutivo, reglamentarlas. La mayor o menor extensión de dicha reglamentación dependerá del uso que haya efectuado el órgano legislativo de su potestad propia. el valor del plus que finalmente se establezca, integrará los rubros salariales que forman el presupuesto comunal que anualmente el Concejo Deliberante debe aprobar mediante la pertinente ley de presupuesto.
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1.- La exigencia de una antigüedad mínima para acceder al cargo de Director del Municipio, no aparece como irrazonable, desde que se trata de un requisito atinente a la función, tendiente a valorar la experiencia que el postulante pueda tener en el desempeño de funciones públicas, compatible con la jerarquía del cargo que se concursa –nótese que se trata de una de las más altas categorías estatutarias- y la cantidad de años de antigüedad –cuatro- que se exigen es adecuada con las responsabilidades que conlleva el desempeño de tan alta función, y no constituye por sí solo una reglamentación inconstitucional que vulnere la garantía de igualdad de oportunidades o implique una discriminación arbitraria.

2.- La estipulación de un plazo de duración para ejercicio de un cargo de conducción, no importa una vulneración del principio de estabilidad del empleado público, siempre que el cese en la función no importe la desvinculación de la Administración Pública comunal, sino que permita la conservación de la categoría de planta.

3.- La alternancia o no en los cargos de la planta del personal de la Administración Pública, es una opción entre las diversas posibilidades que importa la regulación del empleo público, cuya elección compete al legislador en tanto le fue atribuida esa facultad conforme lo establece el artículo 95 inc. 25 de la Carta Orgánica Municipal. Ahora bien, la alternancia en los cargos públicos –sean éstos electivos o no- resulta saludable en un sistema republicano de gobierno, dado que aumenta las posibilidades de que aquéllos que realicen la carrera administrativa puedan acceder a los cargos directivos, permitiendo una renovación de la cúpula de conducción, que beneficia a todo el personal y a la gestión misma, no advirtiéndose –al menos en abstracto- vulneración constitucional alguna.

4.- Si la normativa refiere que el Poder Ejecutivo Municipal deberá determinar el valor del plus, mediante un “decreto reglamentario”, indica claramente el ejercicio de la potestad reglamentaria, que es atinente a su función. Y si la autorización dada al Departamento Ejecutivo es sólo respecto de la fijación de su valor, responde a la dinámica propia del ejercicio del gobierno, mediante el cual es al legislador al que le cabe regular determinadas materias y, al Órgano Ejecutivo, reglamentarlas. La mayor o menor extensión de dicha reglamentación dependerá del uso que haya efectuado el órgano legislativo de su potestad propia. el valor del plus que finalmente se establezca, integrará los rubros salariales que forman el presupuesto comunal que anualmente el Concejo Deliberante debe aprobar mediante la pertinente ley de presupuesto.

15/05/2019

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