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"SIEMBRA A.F.J.P. S.A. C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA" / Tribunal Superior de Justicia - Secretaría de Demandas Originarias

By: Tribunal Superior de Justicia - Secretaría de Demandas Originarias.
Contributor(s): Kohon, Ricardo Tomás | Cia, Eduardo Felipe | Sommariva, Jorge Oscar | Fernández, Roberto Omar | Badano, Eduardo José.
Material type: materialTypeLabelBookSeries: Fallo Novedoso : La determinación de un impuesto de acuerdo a la actividad es una decisión política que debe arbitrarse mediante una ley.Description: 15 p. pdf.Subject(s): DERECHO TRIBUTARIO | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES | ALÍCUOTA | CÓDIGO FISCAL | PRINCIPIO DE LEGALIDADOnline resources: Click here to access online
Contents:
No siendo la actividad desarrollada por la AFJP S.A. esencialmente igual a la llevada a cabo por las sociedades de capitalización y ahorro, desde que difieren absolutamente en cuanto a su regulación y finalidad, su identificación a los fines tributarios deviene inconstitucional, por violentar el principio de reserva de la ley establecido constitucionalmente (arts. 4, 17, 75 inc. 2º de la Constitución Nacional y concordantes de nuestra Constitución Provincial). La determinación de un tratamiento impositivo especial para las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones o su eventual equiparación fiscal con las actividades ejercidas por las sociedades de capitalización y ahorro, es una decisión política que deberá arbitrarse mediante la sanción de una ley específica que así lo contemple, de acuerdo al esquema constitucional de división de poderes. De allí que, en defecto de texto legal expreso, resulta aplicable a la actividad que desarrolla la actora la alícuota general (2%) establecida en el art. 199 del Código Fiscal. " [...] si se aceptase que cualquiera de las partes puede válidamente sanear un plazo perentorio ya operado, sin que la falta de consentimiento de su contraria tenga incidencia alguna, se corre el riesgo de que tal proceder, equivalga prácticamente a hacer desaparecer la aplicabilidad del instituto de la caducidad de instancia, que ha sido incorporado en nuestra legislación ritual con un propósito claro: impedir que los procesos permanezcan paralizados indefinidamente; porque la subsistencia de la litis no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del proceso. "
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No siendo la actividad desarrollada por la AFJP S.A. esencialmente igual a la llevada a cabo por las sociedades de capitalización y ahorro, desde que difieren absolutamente en cuanto a su regulación y finalidad, su identificación a los fines tributarios deviene inconstitucional, por violentar el principio de reserva de la ley establecido constitucionalmente (arts. 4, 17, 75 inc. 2º de la Constitución Nacional y concordantes de nuestra Constitución Provincial). La determinación de un tratamiento impositivo especial para las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones o su eventual equiparación fiscal con las actividades ejercidas por las sociedades de capitalización y ahorro, es una decisión política que deberá arbitrarse mediante la sanción de una ley específica que así lo contemple, de acuerdo al esquema constitucional de división de poderes. De allí que, en defecto de texto legal expreso, resulta aplicable a la actividad que desarrolla la actora la alícuota general (2%) establecida en el art. 199 del Código Fiscal.
" [...] si se aceptase que cualquiera de las partes puede válidamente sanear un plazo perentorio ya operado, sin que la falta de consentimiento de su contraria tenga incidencia alguna, se corre el riesgo de que tal proceder, equivalga prácticamente a hacer desaparecer la aplicabilidad del instituto de la caducidad de instancia, que ha sido incorporado en nuestra legislación ritual con un propósito claro: impedir que los procesos permanezcan paralizados indefinidamente; porque la subsistencia de la litis no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del proceso. "

12/03/2008

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