1.- Corresponde rechazar la demanda por cobro de diferencias indemnizatorias motivadas en un despido sin causa, toda vez que no se acreditó que el empleador hubiera obligado a la actora a renunciar a su empleo como condición de “blanquear” la relación y pagarle la liquidación final, pues las declaraciones testimoniales rendidas en autos, en tanto no explican en qué habrían consistido las presiones ni cómo el demandado habría engañado a la actora , a más de provenir de testigos que no tomaron conocimiento directo de los hechos, no resultan convincentes, lo que impide inferir que la decisión rupturista asumida por la trabajadora al momento de dirigir el telegrama de renuncia contra el empleador haya sido una decisión adoptada sin discernimiento, intención y libertad.

2.- La aplicación del principio in dubio pro operario en materia probatoria, solicitada por la recurrente, no variaría la decisión de rechazar la demanda , ya que los medios de prueba producidos ni siquiera alcanzan para generar la duda que dicho principio ayudaría a superar, y tampoco sería posible desde que la posición mayoritaria, tanto en doctrina como en jurisprudencia, se inscribe en su rechazo.

3.- Para que proceda la condena al pago de la multa prevista por el art. 80 de la LCT, modificada por la Ley 25.345, el trabajador debe acreditar el requerimiento fehaciente formulado al empleador - en relación a la entrega del certificado de trabajo -, sin que pueda suplirse tal intimación por el traslado de la demanda.

4.- Debe aplicarse la tasa de interés activa del Banco de la Provincia de Neuquen al capital adeudado en virtud de un crédito de origen laboral

03/03/2009